El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia hace escasos meses ha venido a declarar la inejecutabilidad de la sentencia que venía condenando al Concello de Vigo a demoler las últimas 7 plantas de las dos torres que conforman las famosas torres IFER en Vigo. La razón es que el Plan Xeral de Vigo ha asumido el edificio antes declarado ilegal. A la vista del nuevo planeamiento, el Concello ha concedido una nueva licencia al edificio, concurriendo, según el Alto Tribunal, la inejecutabilidad de la sentencia por imposibilidad legal de su ejecución. Es decir, para legalizar una edificación que vino a ser declarada ilegal porque las alturas del edificio no eran coherentes con su ubicación cercenando las vistas de la ría al resto de vecinos, al mismo tiempo que para evitar la responsabilidad indemnizatoria del Concello, se modifica el Plan Xeral ad hoc y después se concede una licencia.
Al mismo tiempo, la Agencia de Protección da Legalidade Urbanística, ha dictado una orden de demolición a un pequeño alpendre situado en San Cibrao das Viñas (Ourense) en el medio del monte. Al mismo tiempo que se declara responsable a su propietario de una infracción muy grave, para que el ciudadano aprenda y tenga un efecto ejemplarizante. El tipo mínimo que se le va a imponer a este ciudadano por hacer la susodicha obra, según el art. 2201.c, es de 60.001 € y el máximo de 1.000.000 €. Sí, sí, de un millón de euros.
Es justo, racional o lógico que esto pase? Es decir, si se trata de un edificio y muchos propietarios influyentes, se dan licencias, se cambia el planeamiento, se dejan sin efectos sentencias de demolición... y no pasa nada, nadie es responsable, ni el técnico que informó la licencia, ni el alcalde, ni la promotora, ni la constructora. Sin embargo, si eres un paisano y se te da por hacer un galpón desconociendo la compleja normativa urbanística (al contrario que los anteriores) te enpufan de por vida... pesemos que al paisano, no sólo va a tener que costear la demolición, sino que va a tener que seguir haciendo frente a la hipoteca por la cual consiguió el dinero para hacer la edificación, y no contentos, te sancionan, como mínimo con 60.001 €, por no hablar de las multas coerciticas que viene imponiendo el APLU por si te retrasas en la demolición.
Estamos hablando de España o de una república bananera?, o quizás la pregunta debería haber sido, ¿es España una república bananera?
Paulo López Porto.
